El sector de la almendra vive un momento convulso. Con 370.000 toneladas el año pasado, España es el segundo productor mundial de este fruto seco cuya demanda está en auge, pero al mismo tiempo es el principal importador, con 100.000 toneladas que entraron en nuestro país la pasada campaña, principalmente de California. España es una potencia productiva y también transformadora, pues la industria del dulce y el turrón necesita grandes cantidades de fruto seco para elaborar sus productos.
Sin embargo, a pesar de ser un cultivo con una fuerte demanda, los agricultores de almendra en secano –cuya superficie supone el 80%, frente al 20% del regadío– están viviendo una situación rocambolesca: su escasa producción, que ronda un 30% de una campaña media, no logra percibir un precio justo, que al menos cubra sus costes de producción.

El motivo, según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, está claro: los industriales, importadores y ciertas cooperativas están llevando a cabo un plan para sustituir producción de secano por otras intensivas de regadío.

En los últimos diez años, la superficie de almendro en regadío ha crecido diez veces más que la
de secano, un modelo productivo impulsado por grandes propietarios y fondos de inversión al
calor de la supuesta rentabilidad de los frutos secos. Todo ello unido a las importaciones
masivas desde EE.UU: “Hoy se está dando el caso de que la almendra de California les sale a
los industriales más barata que la española”, lamentan desde UPA.
Según denuncia UPA, ciertos industriales españoles están importando almendra californiana
con cáscara para procesarla en sus plantas en España. Después la envasan y la reexportan a
otros países europeos como almendra española. Una práctica “totalmente ilegal”, recuerdan
desde esta organización.
Los agricultores también sospechan de que determinados dulces navideños, muchos de ellos
acogidos a Denominaciones de Origen, se estarían elaborando con almendra californiana,
incrementando así el beneficio de las industrias pero reduciendo la calidad del producto y,
sobre todo, incurriendo en un fraude de etiquetado al no reconocer el origen foráneo de la
materia prima.
UPA ha pedido reunirse con el Ministerio de Agricultura para pedir un plan de protección y promoción de la almendra española, que incluya medidas como un fuerte control de las importaciones desde Estados Unidos –planteando incluso la imposición de aranceles–. También reclaman un plan de vigilancia del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, una marca de calidad que reconozca a las almendras españolas, reformas en el seguro agrario de frutos secos y una revisión en el funcionamiento de las lonjas, para hacerlas más transparentes y rigurosas.