El consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas, ha defendido la legalidad de la Resolución de la administración regional sobre saneamiento ganadero y ha asegurado que, dada su convicción, mantiene el contencioso-administrativo con el Ministerio, al tiempo que prepara una nueva orden que aborde este asunto y que esté encaminada a flexibilizar.

Así lo ha avanzado el consejero en la comparecencia hoy ante los medios en la que ha dado a conocer la situación actual en la que se encuentran los ganaderos de la Comunidad tras la Orden del Ministerio que prohibió su movimiento como medida cautelar. «Quizá se ha llevado muy al extremo la defensa de la salud pública independientemente de la defensa de, en este caso, un sector productor tan importante como es el ganadero», ha señalado.

El consejero ha iniciado su intervención con un apunte sobre el anterior Gobierno de la Junta de Castilla y León, liderado por PP y Ciudadanos, donde, como ha destacado, en el caso de la tuberculosis bovina ya se habló de «cierta flexibilización» en materia de sanidad animal. Así, ha argumentado que lo único que se ha hecho ahora en su consejería es «avanzar un poco más» desde la convicción de «apoyar al sector ganadero», y más, ante la situación a la que se enfrenta la ganadería extensiva al convivir con la fauna salvaje.

De este modo, ha explicado que la Junta durante meses ha llevado a cabo un trabajo interno junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para introducir una serie de modificaciones en el texto previo en el que trabajaba la Junta, ya que la última orden dictada sobre este asunto databa de 2004.

Dueñas ha insistido en que la situación se agravó de tal manera que la Junta dictó la Resolución del 10 de mayo con medidas de autonomía y flexibilización» trabajadas con el Ministerio con el fin de responder a «exceso de presión» de los ganaderos ante la tuberculosis bovina «sin perjudicar la salud pública».

Con este escenario, el consejero ha insistido en que el Ministerio «el jueves previo a unas elecciones» planteó un contencioso-administrativo ante los tribunales para prohibir el movimiento de ganado en Castilla y León como medida cautelar, algo que se hizo, a su juicio, de una manera «como mínimo» de cierta «alevosía» y que llevó a que «se llenara el mercado de ganado de Salamanca con los problemas que eso supuso».

Así, ante este escenario, ha detallado que desde la Junta se ha decidido, inicialmente, no oponerse a la decisión del Tribunal Superior de Justicia que anula la Resolución del 10 de mayo porque, como ha explicado, a efectos prácticos va a suponer que desde mañana quede sin efecto la Orden ministerial y, por tanto, en la Comunidad se vuelva a tener otra vez ese movimiento de animales.

Por último, Dueñas ha avanzado que la Junta prepara una nueva Orden de saneamiento ganadero que incida en su idea de «flexibilizar» las medidas en la línea de lo que plantean otras autonomías o incluso otros países de la UE como Dinamarca, Italia y Portugal y ha confiado en que haya un cambio de Gobierno en el conjunto de España para poder avanzar en este sentido. «El objetivo es seguir buscando la mejora de la situación de las explotaciones ganaderas en esas zonas de extensivo», ha aseverado.

Por otra parte, con respecto a las críticas vertidas desde el Sindicato de Veterinarios Dueñas ha considerado «negativa» la «politización» que, a su juicio, determinadas colectivos emplean y ha asegurado que el Ejecutivo era consciente de que algún colectivo había amenazado con recurrir la resolución. En cuanto a si se siente responsable de la situación que se ha dado entre los ganaderos de la Comunidad, Dueñas ha reseñado: «Hay algo claro, el Ministerio ejerció su derecho de hacer un contencioso-administrativo hacia la Junta pero el 155 que aprobó el lunes el que lo hizo fue el Ministerio». De este modo, ha defendido que con la Resolución de la Junta «no se ponía en peligro nada». »