En el balance agrario anual de Castilla y León, la Alianza UPA-COAG resalta el complejo año sufrido por los profesionales agrarios motivado por varias circunstancias: malas cosechas por la sequía, alta incidencia de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), altos costes de producción y precios bajos en origen.

La Alianza UPA-COAG resalta la alta profesionalidad y la experiencia del sector para seguir produciendo a pesar de las durísimas condiciones de este 2023, que se suma a los problemas de campañas anteriores y que está acarreando un alto nivel de endeudamiento de las explotaciones familiares, que a duras penas salen adelante sin contar con la colaboración necesaria por parte de las administraciones para afrontar elevadísimos gastos con escasos ingresos.
En Castilla y León hemos sufrido un incremento muy apreciable en el precio de los piensos, la paja, las semillas y la maquinaria, mientras que apenas nos hemos beneficiado de las bajadas que han experimentado los precios de la energía, y se han mantenido exageradamente altos los de los fertilizantes y de los productos fitosanitarios. Estos costes disparados para el sector primario de Castilla y León no han podido ser compensados ni vía producción ni vía precios, puesto que en ambos casos las circunstancias han sido muy adversas, empobreciendo las economías de las
explotaciones familiares agrarias. En este sentido, el año 2024 debe ser clave en la consolidación de la Ley de la Cadena Alimentaria, para que se cumplan en todos sus extremos.
Tampoco podemos dejar de lado el problema del cambio climático del que hemos sido víctimas en primera persona en este 2023 sufriendo muchos perjuicios entre agricultores y ganaderos, a lo que hay que sumar además la compleja geopolítica internacional que ha seguido repercutiendo directamente en el sector primario de nuestra región.
Además, en los primeros meses del año, los agricultores y ganaderos de Castilla y León han tenido que lidiar con la nueva PAC, lo que «nos ha obligado a redoblar esfuerzos a nuestra organización para explicar y asesorar con detalle sobre todas las novedades prestando un servicio técnico de primer nivel. Alrededor de 60.000 explotaciones agrarias de Castilla y León se han tenido que adaptar a las reformadas exigencias de la normativa europea con la entrada en vigor de las nuevas directrices agrarias y medioambientales.

Por eso ahora, cuando está a punto de cumplirse el primer año de la nueva PAC, «vemos que los agricultores y ganaderos familiares de Castilla y León, que son mayoría en esta región, nos hemos tenido que esforzar en adaptarnos a los cambios y acogernos a todos los instrumentos que conllevan novedades tales como los ecorregímenes, teniendo en cuenta las dificultades que eso comporta.
Precisamente una de las denuncias de nuestra organización con motivo de la reunión
de ministros de Medio Ambiente celebrado este mismo año en Valladolid es que la UE
muestra una política verde de escaparate porque mientras exige a los agricultores
comunitarios estrictas y sumarísimas medidas medioambientales, acuerda con países
terceros la adquisición de productos sin ningún control ambiental.
Más de 50.000 explotaciones en Castilla y León son explotaciones familiares, en las que
sus propietarios, hombres y mujeres trabajan fundamentalmente con el apoyo de sus
familiares.  En lo que va de 2023, Castilla y León ha perdido 428 activos agrarios, en una tendencia
a la baja que parece imparable.
En este sentido, la Alianza UPA-COAG trabajará tenazmente en el año 2024 para que el
nuevo Gobierno central y la Junta de Castilla y León defiendan, no solo con palabras
sino con hechos, la profesión agraria valorizando al agricultor y ganadero, no sólo como
productor de alimentos sino también como promotor de riqueza, gestión y
sostenibilidad del medio sobre el que se asienta.