La Alianza UPA-COAG ha denunciado la lentitud administrativa de la Consejería de Agricultura traducida en un retraso de meses e incluso de hasta siete años en la resolución de los recursos presentados por agricultores y ganaderos en la defensa de sus intereses ante la propia Junta de Castilla y León.

Ese silencio administrativo, advierte UPA-COAG, genera serios problemas a los profesionales del sector, que por un lado se ven sometidos a plazos muy cortos en lo que se refiere a la obligatoria presentación de documentos y escritos a la administración autonómica a la hora de alegar, pero que, sin embargo, «sufren retrasos incomprensibles a la hora de que sean resueltas positiva o negativamente sus solicitudes».

La Alianza asegura haber detectado numerosos casos de retrasos de meses e incluso años en expedientes relacionados con líneas de ayudas de cultivos industriales (remolacha, patata) o en la línea 4.0 de precisión y tecnología, dándose casos como los de un agricultor que recibió no hace mucho tiempo una resolución de un Plan de Mejora siete años después de haber presentado la correspondiente alegación.

La burocracia llevada al límite a la que someten a los profesionales del sector desde las distintas administraciones, especialmente por parte de la Consejería de Agricultura, «es sumamente grave porque sin eficacia y eficiencia, unido en muchos casos a la falta de presupuesto, los perjuicios se multiplican y hacen insostenible la actividad».

UPA-COAG achaca a la falta de recursos personales y a la falta de compromiso político la agilización de trámites que es de justicia reclamar en las relaciones entre administrado y administración.

En este sentido, la Alianza hace un llamamiento a la Consejería de Agricultura para que actúe y busque soluciones, «puesto que su parsimonia llevada hasta el límite afecta en el día a día al profesional agrario», ocasiona graves pérdidas económicas, frustración y hartazgo en el propio afectado.

Aseguran que no son pocas las ocasiones en que agricultores y ganaderos se piensan muy mucho reclamar el derecho que les asiste a defender sus intereses frente a decisiones erróneas que puede haber llegado a cometer la Consejería de Agricultura, «que demuestra con hechos como los denunciados su lejanía en el deber que le asiste en la responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios».