Castilla y León ha llevado hoy una puesta en común a la reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y todas las autonomías en la que la comunidad castellano y leonesa busca el establecimiento de excepciones en la solicitud única de la PAC, la modificación de Plan Estratégico de la PAC de España 2023-2027 y la puesta en marcha por parte del Ministerio de las medidas del Plan Ovino.

Estas son las principales demandas del documento consensuado entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que gestiona Vox, y las organizaciones profesionales agrarias con representación en Castilla y León (Asaja, la Alianza UPA-COAG y la Unión de Campesinos-UCCL) que fue presentado el viernes en la reunión del Consejo Regional Agrario presidido por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo.

El vicepresidente significó la importancia de ir a la reunión de este lunes con «una sola voz» y deseó «el mayor de los éxitos» al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, Gerardo Dueñas, para que «consiga llevarse el gato al agua» y pueda convencer al ministro Luis Planas de los cambios que necesitan, tanto el campo castellano y leonés como el de toda España, ha apostillado.

Según precisaron por su parte los representantes de las organizaciones profesionales agrarias, la principal petición de Castilla y León pasa por la ampliación de la flexibilidad o por hacer excepciones en la campaña de la PAC de 2024, como la supresión de la comprobación general del cumplimiento retroactivo de la rotación de tierras para cada una de las parcelas «o, al menos, las que se refieren al cultivo del maíz».

«No se puede obligar a los agricultores a sembrar tierras malas por encima del barbecho tradicional que venían utilizando y, por el lado contrario, no se puede obligar a los regadíos a no sembrar un maíz porque haya que rotar un cultivo absurdo», ha explicado a modo de ejemplo el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, que también ha considerado «absurdo» tener que dejar márgenes en los cauces «cuando éstos están secos todo el año».

La segunda de las propuestas consensuadas entre la Junta y las OPA se centra en la modificación del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España 2023-2027 para poner fin a «unas condiciones de aplicación de máximos contrarias, en muchos casos, a los mínimos criterios agronómicos, sin siquiera ser capaces de encontrar los supuestos beneficios medioambientales de las mismas».

En este sentido, el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González-Palacín, ha vuelto a cargar contra la actual PAC por sus condicionantes medioambientales «absolutamente excesivos» y porque no favorecen al medioambiente y ha abogado por adaptar la PAC «a los nuevos retos», producir alimentos y compaginarlo con el cuidado del territorio.

«Son medidas, en muchos casos, totalmente absurdas, que lo único que hacen es bajar la productividad de una forma significativa y aumentar los costes de producción, justo en línea opuesta que lo que están haciendo otros países fuera de la Unión Europea, competidores nuestros», ha asegurado González Palacín que ha recordado además la crisis alimentaria a nivel mundial y la actual falta de alimentos, una situación que ha enfatizado «con mayúsculas».

Un tercer punto del acuerdo común hace referencia a los ecorregímenes, la intervención más novedosa de la nueva PAC, con el objetivo de que se adapte a la realidad agronómica y climática de Castilla y León y a la realidad del mundo geopolítico, que, según ha recordado el coordinador de COAG, Lorenzo Rivera, no tiene nada que ver con la que había cuando se empezó a diseñar la actual política agrícola, en 2017 y 2018.

«Vemos que hay escasez, por eso están subiendo el precio de los alimentos y luego nosotros nos vemos ante el impedimento de poder conseguir producir lo que nuestro territorio es capaz», ha lamentado Ribera que ha hecho especial hincapié en que la actual PAC perjudica a los verdaderos profesionales para advertir de que, de seguir en esta situación, irán «a la ruina».

En el caso concreto de las medidas de flexibilidad planteadas, obedecen a la constatación de que «la rotación de las tierras de cultivo por parcela supone un cambio significativo en las políticas agrícolas en España que exige un periodo de adaptación, reflexión y concienciación de los agricultores». Y que afecta especialmente a los cultivos de maíz, que indirectamente repercuten sobre las explotaciones de vacuno que lo usan para alimentar a sus cabañas.

«La continuidad de la obligación de la rotación durante el año 2024 producirá una reducción de la superficie sembrada y, en consecuencia, la producción disminuirá, y con ello obligará a la importación de maíz de otros países alejados de España por el desabastecimiento del mercado nacional», afirman en el documento.

A esto añaden que es «difícil» justificar esta obligación «cuando la situación geopolítica mundial que llevó a la Comisión Europea a excepcionar esta norma el año pasado, por la escasez de alimentos en el seno de la Unión». La propuesta de Castilla y León para eliminar o reducir condicionantes como la obligación de establecer el barbecho en las superficies de regadío, o la rotación del cultivo de maíz, que conllevan limitaciones o reducciones de producción, «permitirá evitar el alza de los precios de los alimentos, precisamente en un momento inflacionista», insisten los firmantes.

También reclaman un «apoyo extraordinario» a sectores estratégicos como el cultivo del girasol, y potenciar la figura del agricultor profesional, como «el actor principal de las políticas agrarias».

En el documento se incluye también reclamar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la puesta en marcha del Plan sectorial para el Ovino «con el fin de apoyar a este sector, cuyo abandono y disminución de censos año tras año resulta alarmante».

«El campo de Castilla y León es una pieza fundamental a nivel social y a nivel económico, pero si se siguen imponiendo condiciones excesivas, si siguen imponiendo restricciones, cada vez vamos a tener un campo más débil, que es lo que queremos evitar todos», ha resumido el vicepresidente a lo que Dujo ha añadido que Castilla y León es «un ejemplo de hacer bien las cosas con unidad y en defender de manera común con fuerza» las producciones agroganaderas de la Comunidad.

«En Europa, el que no llora no mama, lo tenemos bien claro», ha concluido por su parte Lorenzo Rivera que ha insistido en que si España y Planas no se «cuadran» habrá que «tragar» otras condiciones diferentes. «En Europa se pueden cambiar las cosas si se insiste, se persiste y se piden las cosas. Si se calla y se otorga todo, pues desde luego nos tendremos que tragar un PAC que no nos interesa», ha sentenciado.